El jefe de gabinete del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chad Mizelle, anunció la emisión de al menos 20 citaciones a clínicas y profesionales de la salud involucrados en procedimientos médicos transgénero en menores. Las investigaciones se centran en posibles casos de fraude en la atención médica, declaraciones falsas y otras irregularidades vinculadas a tratamientos de “afirmación de género”.
La información se hizo pública durante un taller organizado por la Comisión Federal de Comercio (FTC), donde participaron médicos, especialistas y personas que abandonaron su transición de género. La fiscal general Pamela Bondi declaró que “los profesionales médicos y las organizaciones que mutilaron a niños al servicio de una ideología distorsionada serán responsables ante este Departamento de Justicia”.
Durante la jornada se escucharon testimonios conmovedores. Simón Amaya Price relató cómo intentó la transición cuando era adolescente tras sufrir acoso escolar, y denunció que fue alentado a identificarse como transgénero a espaldas de su padre. “Doy gracias a Dios todos los días por estar completo y aquí hoy. Los profesionales médicos me mintieron”, afirmó.
Elvira Syed, otra participante, compartió entre lágrimas la historia de su hija autista, quien se quitó la vida a los 18 años tras una profunda confusión de género. “Trataron su ideología, no su enfermedad”, lamentó.
El Dr. Patrick Lappert, cirujano plástico y reconstructivo, sostuvo que muchos procedimientos se clasifican como cirugías reconstructivas en lugar de cosméticas para defraudar a los programas de seguros y medicalizar a los jóvenes de por vida. Por su parte, el Dr. Eithan Haim denunció la existencia de un “código de silencio” entre los profesionales que temen represalias por cuestionar la industria de la afirmación de género.
Finalmente, Brandon Showalter, escritor de The Christian Post, advirtió que la ideología de género “se basa en una premisa errónea” y calificó los tratamientos médicos relacionados como “garantía de daño” porque parten “de una mentira”.
El Departamento de Justicia continuará con la investigación mientras aumenta la presión pública para supervisar más estrictamente los procedimientos médicos relacionados con menores y la forma en que se promueven estos tratamientos a las familias.
