Miguel Ángel Valenzuela y su padre, Ángel Valenzuela Cano, fueron hallados sin vida en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. La Fiscalía investiga el doble homicidio y lo atribuye a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, mientras crece la preocupación de las comunidades evangélicas por la violencia en la región.

La violencia vinculada al crimen organizado volvió a impactar a una comunidad cristiana en México tras el asesinato de Miguel Ángel Valenzuela y su padre, Ángel Valenzuela Cano, cuyos cuerpos fueron encontrados el 20 de julio en el kilómetro 5 de la carretera que conecta El Ocote con la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.

La Fiscalía de la Zona Sur informó que el doble homicidio habría sido cometido por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, en una región donde durante los últimos días se registró una escalada de hechos violentos. Medios locales reportaron al menos diez ejecuciones en apenas dos días, en un contexto marcado por disputas entre organizaciones criminales.

Las víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego y fueron identificadas por familiares y miembros de la comunidad. Aunque inicialmente algunos reportes señalaron que Miguel Ángel Valenzuela era pastor, la Fiscalía aclaró que se desempeñaba como predicador itinerante y responsable del área musical de una congregación evangélica. Tanto él como su padre eran conocidos por su participación en actividades comunitarias en la localidad de Yerbitas.

Según la reconstrucción oficial, ambos viajaron el 18 de julio hacia San Julián para retirar un vehículo averiado. Tras dejar a un familiar en la comunidad de Catedral, perdieron todo contacto con sus allegados. Las autoridades consideran que fueron interceptados durante el regreso, privados de su libertad y posteriormente asesinados.

La investigación continúa con la recopilación de testimonios y el análisis de información que permita identificar y detener a los responsables. Además, la Fiscalía solicitó apoyo de organismos federales para fortalecer las tareas de inteligencia en la zona, mientras organizaciones civiles reclamaron medidas de protección para la familia Valenzuela.

El caso ha generado preocupación entre las iglesias evangélicas de Guadalupe y Calvo, cuyos integrantes manifestaron temor ante posibles nuevos ataques y pidieron un mayor despliegue de fuerzas de seguridad.

Diversas organizaciones dedicadas al monitoreo de la libertad religiosa sostienen que los líderes cristianos en regiones controladas por grupos criminales enfrentan un riesgo cada vez mayor. Informes recientes advierten que quienes desarrollan tareas comunitarias y trabajan con jóvenes suelen ser considerados un obstáculo para las actividades de las organizaciones delictivas, lo que incrementa las amenazas, extorsiones y ataques contra iglesias y sus integrantes.