Una coalición de organizaciones y gobiernos locales presentó una demanda contra la administración estadounidense por modificar los criterios de financiación del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente, al considerar que priorizar la abstinencia sexual y excluir determinadas políticas vulnera el marco legal vigente.

Una coalición integrada por Planned Parenthood, organizaciones dedicadas a la educación sexual y gobiernos locales presentó una demanda contra la administración de Estados Unidos para impedir la aplicación de nuevos criterios de financiación del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente.

La acción judicial, radicada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, cuestiona que el Departamento de Salud haya condicionado el acceso a fondos federales a programas que promuevan la abstinencia sexual como principal estrategia preventiva y que se ajusten a nuevas directrices relacionadas con identidad de género y políticas de diversidad.

El Programa de Prevención del Embarazo Adolescente fue creado por el Congreso en 2009 con el objetivo de reducir los embarazos en menores de edad y las infecciones de transmisión sexual mediante subvenciones destinadas a iniciativas consideradas médicamente precisas y apropiadas para cada etapa del desarrollo.

En junio, el Gobierno canceló 53 subvenciones vigentes y anunció una nueva convocatoria de financiación por un total de 68 millones de dólares, estableciendo requisitos diferentes para acceder a esos recursos.

Entre los demandantes figuran Planned Parenthood of the Heartland, el Consejo de Información y Educación sobre Sexualidad de Estados Unidos (SIECUS), el condado de Hennepin, en Minnesota, y el condado de King, en Washington. Las organizaciones sostienen que los nuevos criterios limitan el alcance del programa y desvían recursos hacia iniciativas que, según afirman, no han demostrado ser eficaces para reducir el embarazo adolescente.

La demanda también argumenta que las nuevas condiciones obligan a los beneficiarios a adoptar programas centrados exclusivamente en la abstinencia, restringen determinados contenidos sobre sexualidad y exigen alinearse con políticas federales que rechazan la denominada "ideología de género" y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Los demandantes sostienen que el programa ha contribuido durante más de quince años a disminuir los embarazos adolescentes y que el cambio de orientación no se ajusta a los criterios establecidos por la legislación federal.

En contraste, Michael New, investigador asociado del Instituto Charlotte Lozier, afirmó que la reducción de los embarazos adolescentes comenzó mucho antes de la creación del programa, durante la década de 1990. Citando datos del Instituto Guttmacher, señaló que uno de los principales factores ha sido la disminución gradual del porcentaje de adolescentes sexualmente activos.

New también indicó que evaluaciones realizadas por el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos concluyeron que solo una pequeña parte de los programas financiados logró reducir de manera significativa las tasas de embarazo adolescente. Además, recordó que durante el primer mandato del presidente Donald Trump ya se intentó reorientar estos fondos hacia programas que priorizaran la abstinencia, aunque esas iniciativas fueron frenadas por decisiones judiciales.

Ahora será la Justicia federal la encargada de determinar si los nuevos criterios de financiación se ajustan al marco legal que regula este programa nacional.