Una protesta frente a la embajada sueca en Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate el caso de una familia cristiana de origen rumano cuyas hijas permanecen bajo tutela estatal desde 2022. La situación ha generado reclamos políticos, diplomáticos y cuestionamientos sobre la actuación de los servicios sociales suecos.

Un grupo de cristianos de origen rumano se concentró frente a la Embajada de Suecia en Washington para reclamar la reunificación de Daniel y Bianca Samson con sus hijas, Sara y Tiana, quienes permanecen bajo custodia de los servicios sociales suecos desde diciembre de 2022.

El caso comenzó cuando la hija mayor, que entonces tenía 11 años, denunció a sus padres por presuntos abusos tras una discusión familiar relacionada con el uso de maquillaje y un teléfono inteligente. Posteriormente, la menor reconoció que la acusación era falsa, pero las autoridades mantuvieron a ambas niñas fuera del hogar. Según la familia, la Justicia no encontró pruebas de abuso, aunque el Estado decidió no restituir la custodia.

Los padres sostienen que durante el proceso judicial se cuestionaron aspectos de su estilo de vida, como la asistencia frecuente a la iglesia, la ausencia de televisión en el hogar y la educación basada en principios cristianos. Afirman que estas prácticas fueron presentadas por las autoridades como señales de "extremismo religioso".

El caso recibió el respaldo de dirigentes políticos de Rumania. El Senado de ese país aprobó una declaración en la que solicita a Suecia la devolución inmediata de las niñas, argumentando que son ciudadanas rumanas y que se vulneran principios del derecho internacional y de la relación bilateral entre ambos Estados.

La familia también denunció que la prolongada separación ha tenido un fuerte impacto emocional en las menores. Según Daniel Samson, ambas habrían intentado quitarse la vida en varias oportunidades mientras permanecían bajo tutela estatal, y una de ellas fue internada en un centro psiquiátrico. Además, aseguró que actualmente no tienen autorización para visitarlas y teme que las autoridades avancen con un cambio de identidad y una eventual adopción.

Tras agotar múltiples instancias judiciales en Suecia, la última apelación de la familia fue rechazada este año, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible el caso.

Por su parte, la Embajada de Suecia en Estados Unidos reiteró que no puede intervenir ni realizar comentarios sobre casos individuales. No obstante, afirmó que el sistema de protección infantil del país actúa conforme a la legislación vigente y que los servicios sociales tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad de los menores.