El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó sobre un aumento de citaciones, amenazas y acciones de vigilancia contra líderes religiosos, activistas y organizaciones independientes en Cuba. La denuncia se produce en la antesala del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, en un contexto de creciente tensión política y restricciones a la libertad religiosa.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un recrudecimiento de las acciones represivas del Gobierno cubano contra activistas, líderes religiosos y miembros de organizaciones independientes, a través de citaciones, amenazas y vigilancia policial. Según la organización, la ofensiva estaría dirigida especialmente contra comunidades evangélicas y católicas que mantienen una postura crítica frente al régimen.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, afirmó que las autoridades proyectan una imagen de respeto por la libertad religiosa ante la comunidad internacional, mientras mantienen un sistema de control y hostigamiento sobre iglesias y dirigentes de fe. También señaló que estas acciones afectan la labor social y solidaria que desarrollan numerosas comunidades religiosas en el país.

La denuncia coincide con la proximidad del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, una fecha considerada especialmente sensible para el Gobierno cubano. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que cualquier manifestación pública podría enfrentar una respuesta más severa que la registrada durante aquellas movilizaciones.

Entre los casos recientes figura el del pastor Alian López Rodríguez, quien encabezó una marcha bajo el lema "Cuba Libre para Cristo" en la provincia de Sancti Spíritus. De acuerdo con las denuncias, fue detenido en dos oportunidades en menos de 48 horas y aseguró que tanto él como su congregación viven bajo una vigilancia constante.

También fueron reportadas citaciones al pastor Rolando Pérez Lora, integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba, además de presiones sobre miembros del Centro de Estudios Convivencia, del colectivo Fuera de la Caja y de jóvenes activistas con presencia en redes sociales. Entre ellos se encuentra Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, quien fue convocada por la policía tras un intercambio público con un funcionario del Gobierno.

Las acciones no se limitaron a líderes evangélicos. El intelectual católico Dagoberto Valdés también denunció que agentes de la Seguridad del Estado acudieron a su vivienda para impedir que asistiera a una recepción diplomática en La Habana.

Organizaciones nacionales e internacionales sostienen que las restricciones a la libertad religiosa en Cuba tienen antecedentes de varias décadas. Entre ellas mencionan limitaciones para registrar nuevas iglesias, construir templos, desarrollar actividades comunitarias sin autorización estatal y ejercer libremente el liderazgo religioso. Asimismo, denuncian detenciones, interrogatorios, prohibiciones de viaje y otras medidas de presión contra pastores y sacerdotes críticos del Gobierno.

Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la situación de la libertad religiosa en la isla y continúan documentando denuncias sobre restricciones y presuntas violaciones a los derechos fundamentales de creyentes y líderes religiosos.