La reforma del Código Penal, que ya fue aprobada por el Congreso y ahora será debatida en el Senado, generó inquietud entre entidades evangélicas españolas. La Alianza Evangélica Española y FEREDE sostienen que la redacción de la norma podría afectar el acompañamiento pastoral voluntario y la libertad religiosa.

El Congreso de los Diputados de España aprobó la reforma del Código Penal que incorpora sanciones penales para las denominadas “terapias de conversión”, definidas como prácticas destinadas a modificar, reprimir o anular la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona. La iniciativa, impulsada por el PSOE, recibió 178 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, y ahora continuará su tratamiento en el Senado.

La nueva legislación establece penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de multas económicas, para quienes lleven a cabo estas prácticas, incluso cuando exista consentimiento de la persona involucrada. Hasta ahora, este tipo de conductas solo podían ser sancionadas por la vía administrativa.

La aprobación del proyecto despertó preocupación en organizaciones evangélicas, que consideran que la redacción de la norma podría dar lugar a interpretaciones amplias que afecten actividades de acompañamiento espiritual realizadas de manera libre y voluntaria.

La Alianza Evangélica Española (AEE) manifestó que la iniciativa parte de una definición que, a su juicio, equipara injustamente el acompañamiento pastoral con prácticas abusivas. La entidad sostiene que la asistencia espiritual ofrecida a personas que la solicitan libremente no busca imponer cambios, sino brindar apoyo conforme a sus convicciones personales y religiosas.

Asimismo, la AEE afirmó que la reforma podría generar una contradicción legal al permitir determinadas decisiones relacionadas con la identidad de género mientras penaliza el acompañamiento de quienes desean recorrer un camino diferente. La organización también advirtió que, de mantenerse la redacción actual, podrían surgir conflictos vinculados con la objeción de conciencia y el ejercicio de la libertad religiosa.

Por su parte, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) recordó que ya había advertido al Gobierno en 2022 sobre la necesidad de definir con mayor precisión el concepto de “terapia de conversión”. Según explicó su Servicio Jurídico, una formulación ambigua podría afectar derechos fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el acompañamiento pastoral solicitado de forma voluntaria.

La federación aclaró que rechaza cualquier práctica abusiva o coercitiva, pero insistió en que la legislación debe diferenciar claramente esas conductas de la asistencia espiritual o familiar prestada con el consentimiento de quienes la solicitan.

Durante el debate parlamentario también se plantearon objeciones sobre la redacción del proyecto. El Partido Popular anunció que intentará introducir modificaciones durante el trámite en el Senado, mientras que otras fuerzas políticas señalaron la importancia de delimitar con precisión el alcance de la norma para evitar interpretaciones que puedan afectar actividades legítimas de carácter psicológico o religioso.

Con el proyecto ahora en manos del Senado, tanto la AEE como FEREDE anticiparon que continuarán siguiendo de cerca el proceso legislativo, con el objetivo de que la versión definitiva preserve la libertad religiosa y el acompañamiento pastoral voluntario dentro de las comunidades de fe.