La máxima corte estadounidense resolvió que los estados pueden establecer normas que limiten la participación de atletas transgénero en competencias deportivas femeninas sin infringir el Título IX. El fallo respalda leyes vigentes en Virginia Occidental e Idaho y reaviva el debate sobre la equidad deportiva y los derechos de las personas trans.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los estados tienen la facultad de prohibir la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas femeninas, al considerar que este tipo de regulaciones no vulnera la legislación federal contra la discriminación contemplada en el Título IX.

La decisión respalda la Ley para la Protección del Deporte Femenino, aprobada en Virginia Occidental en 2021, así como una normativa similar vigente en Idaho. Ambas establecen que las competencias deportivas femeninas pueden reservarse para mujeres definidas por su sexo biológico.

Las leyes habían sido impugnadas por dos deportistas trans: Lindsay Hecox, estudiante universitaria de Idaho, y Becky Pepper-Jackson, adolescente de Virginia Occidental. Las demandantes argumentaban que su exclusión constituía una violación del Título IX, norma federal de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos públicos, además de afectar el principio constitucional de igualdad.

Sin embargo, la mayoría del Tribunal concluyó que la legislación federal permite mantener categorías deportivas diferenciadas entre hombres y mujeres basadas en el sexo biológico. En ese marco, sostuvo que las restricciones adoptadas por ambos estados son compatibles con el ordenamiento jurídico vigente.

El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, afirmó que el Título IX contempla la existencia de equipos deportivos separados debido a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Según el magistrado, esta distinción busca preservar la seguridad física de las deportistas y garantizar condiciones de competencia consideradas equitativas.

El fallo contó con el respaldo del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y de los jueces Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito.

En disidencia votaron tres magistradas. La jueza Sonia Sotomayor advirtió que la resolución podría tener consecuencias que exceden los casos analizados y afectar especialmente a personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables.

La decisión se produce en un contexto en el que cerca de la mitad de los estados del país han aprobado leyes similares, argumentando la necesidad de proteger la igualdad competitiva en el deporte femenino, mientras el debate continúa generando posiciones encontradas en los ámbitos político, jurídico y social.