Países Bajos confirmó la primera aplicación de la eutanasia a un niño de entre uno y doce años desde que, en febrero de 2024, entró en vigor la normativa que autoriza este procedimiento para menores con enfermedades incurables, sufrimiento considerado insoportable y sin posibilidades de mejoría.
El Gobierno neerlandés no difundió la edad exacta, el sexo, el diagnóstico ni el lugar donde se realizó la intervención, argumentando razones de privacidad. La confirmación del caso se produce en un contexto en el que el país registró durante 2024 un total de 9.958 eutanasias, un 10 % más que el año anterior, lo que representa el 5,8 % de todas las muertes registradas.
La legislación vigente establece que, en el caso de niños de entre uno y doce años, la decisión no puede ser tomada por el menor, sino que requiere el consentimiento de los padres y la evaluación de un médico independiente, quien debe confirmar que no existen alternativas razonables para aliviar el sufrimiento. A diferencia de lo que ocurre en otros procedimientos médicos, el control legal se realiza una vez practicada la eutanasia: el médico informa el caso a una comisión especializada, que posteriormente revisa el expediente y eleva sus conclusiones a la Fiscalía.
La ampliación de la ley completó un proceso iniciado en 2002, cuando Países Bajos se convirtió en el primer país en legalizar la eutanasia para adultos. En 2014 la normativa fue extendida a menores mayores de 12 años con capacidad de discernimiento y a recién nacidos en circunstancias específicas con consentimiento de sus padres. La reforma de 2024 incorporó a los niños de entre uno y doce años con enfermedades terminales.
La confirmación del primer caso reavivó el debate político, médico y ético. Mientras algunos sectores consideran que la medida ofrece una respuesta para situaciones extremas de sufrimiento, otros cuestionan que la revisión del procedimiento se realice únicamente después de la intervención, además de plantear interrogantes sobre el papel de los padres en decisiones irreversibles y la falta de información pública sobre el caso debido a las restricciones de privacidad.
Aunque la legislación contempla criterios estrictos para autorizar la eutanasia en menores, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites de esta práctica y los mecanismos de control establecidos por el sistema neerlandés.
