La aprobación del proyecto de ley C-9 en Canadá ha despertado inquietud entre organizaciones evangélicas, que consideran que la reforma podría afectar la libertad de expresión en temas de fe. La nueva normativa elimina la posibilidad de alegar “buena fe” como defensa en ciertos casos relacionados con acusaciones de incitación al odio.

La reciente aprobación del proyecto de ley C-9 en Canadá abrió un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión y las leyes contra el discurso de odio. La reforma, que entrará en vigor el próximo 18 de julio tras recibir la sanción real, elimina una defensa legal que permitía justificar determinadas expresiones religiosas realizadas de buena fe.

La Fraternidad Evangélica de Canadá (EFC) manifestó su preocupación por los cambios introducidos en la legislación y advirtió que seguirá de cerca sus efectos una vez que la norma comience a aplicarse. Según la organización, la eliminación de esta protección genera incertidumbre sobre cómo podrían interpretarse en el futuro ciertas declaraciones basadas en convicciones religiosas.

A partir de la entrada en vigor de la ley, quienes enfrenten acusaciones por incitación al odio solo podrán defenderse demostrando que sus afirmaciones son verdaderas, que responden a un asunto de interés público o que fueron citadas con el propósito de analizarlas o criticarlas.

La EFC recordó que los casos de condenas por promoción deliberada del odio han sido escasos en Canadá, debido a que la legislación exige probar una intención clara de fomentar el odio contra grupos identificables. Además, la normativa no alcanza a las conversaciones privadas.

Durante el debate legislativo, representantes evangélicos solicitaron que se mantuviera la defensa basada en la buena fe religiosa. La entidad señaló que aún no está claro si la eliminación de esta figura podría ampliar la interpretación legal de lo que constituye promoción deliberada del odio.

Por su parte, el ministro de Justicia canadiense aseguró que la nueva legislación no impedirá que las personas continúen rezando, predicando, enseñando, interpretando las Escrituras o expresando sus creencias religiosas sin temor a sanciones penales. Sin embargo, los líderes evangélicos sostienen que sería deseable una protección más explícita que garantice que la práctica y expresión sincera de la fe no sea considerada un delito de odio.

El debate también trascendió las fronteras canadienses. La parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen, conocida por haber enfrentado un proceso judicial en Finlandia tras publicar contenidos relacionados con sus creencias cristianas, advirtió previamente sobre los riesgos que, a su juicio, podrían representar este tipo de reformas para la libertad religiosa. Incluso presentó un testimonio ante el Senado canadiense con el objetivo de intentar frenar la aprobación del proyecto.

Mientras la ley se prepara para entrar en vigencia, el tema continúa generando posiciones encontradas entre quienes consideran que fortalece la lucha contra el odio y quienes temen que pueda afectar la libre expresión de las convicciones religiosas.