La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, promulgó una ley que elimina las restricciones gestacionales que anteriormente limitaban de manera general el acceso al aborto después de las 24 semanas de embarazo. La nueva normativa amplía la discrecionalidad de los profesionales de la salud para determinar cuándo puede realizarse un procedimiento en etapas avanzadas de la gestación.
La medida forma parte de la Ley de Priorización del Acceso de los Pacientes a la Atención Médica. Según el gobierno estatal, uno de sus objetivos es permitir que las familias que atraviesan complicaciones médicas durante las últimas etapas del embarazo puedan recibir atención en Massachusetts, evitando tener que trasladarse a otros estados.
Healey defendió la decisión y sostuvo que las determinaciones relacionadas con la atención médica deben quedar en manos de las mujeres, sus familias y los profesionales de la salud, y no de los responsables políticos. La gobernadora también reafirmó su compromiso con mantener el aborto legal y accesible en el estado.
Hasta la aprobación de esta normativa, Massachusetts establecía como regla general un límite de 24 semanas, aunque contemplaba determinadas excepciones. La nueva legislación modifica ese marco y otorga mayor margen para evaluar procedimientos en embarazos avanzados.
La decisión generó una fuerte reacción entre organizaciones contrarias al aborto. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, calificó la medida como atroz y cuestionó que se permita ampliar el acceso al aborto en etapas avanzadas del embarazo. La organización reclama, además, la adopción de una legislación federal que establezca límites a nivel nacional.
Con esta modificación, Massachusetts se suma a otros estados que no establecen un límite gestacional general para el aborto, entre ellos Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont, además del Distrito de Columbia.
La nueva ley podría entrar en vigor en un plazo de 90 días. Su implementación volverá a colocar en el centro del debate nacional estadounidense las diferencias entre los estados respecto de la regulación del aborto y los límites aplicables durante las distintas etapas del embarazo.
