Líderes pentecostales piden a Trump extender el TPS para más de 170.000 salvadoreños

Una amplia representación de líderes pentecostales hispanos reclamó en Washington D.C. al Gobierno de Estados Unidos una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuyo vencimiento deja en riesgo migratorio a más de 170.000 salvadoreños.

El pedido fue realizado durante una conferencia de prensa en el Hyatt Regency Washington, en las horas previas al vencimiento del programa. Los referentes religiosos centraron su mensaje en la necesidad de actuar con “misericordia” y preservar la unidad familiar.

La iniciativa fue impulsada por dirigentes de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), organización que agrupa a unas 21.000 iglesias en Estados Unidos y América Latina.

El obispo Ángel Marcial, presidente de CEPA, afirmó que el encuentro tenía un carácter pastoral y no político. Según explicó, la comunidad salvadoreña enfrenta la pérdida de su estatus legal y de sus permisos de trabajo después de 25 años de protección migratoria.

Durante la conferencia también se señaló que unos 150.000 niños ciudadanos estadounidenses son hijos de beneficiarios del TPS.

Los líderes religiosos denunciaron además detenciones de pastores por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reclamaron el fin de las deportaciones indiscriminadas y garantías de debido proceso. También solicitaron que iglesias, escuelas y hospitales sean considerados espacios protegidos frente a los operativos migratorios.

Jacqueline Fuentes, hija de un pastor detenido en Indiana, compartió su testimonio y defendió a los inmigrantes sin estatus legal. Señaló que pagan impuestos y advirtió sobre el impacto que la separación de familias tiene sobre millones de niños estadounidenses.

Por su parte, el obispo Juan García, director de ministerios hispanos de la Iglesia de Dios, pidió una extensión mínima de dos años para el TPS salvadoreño. También reclamó la restauración del programa para Haití, argumentando que las familias necesitan tiempo para prepararse y evitar separaciones traumáticas.

Los líderes concluyeron su intervención reclamando una política migratoria que combine seguridad y justicia con un trato basado en la “misericordia” hacia las personas más vulnerables.